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Los límites de la defensa

Los límites de la defensa

EL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA ES UNA FUENTE INAGOTABLE DE CONFLICTOS CON LAS ASEGURADORAS
La Ley de Contrato de Seguro reconoce el derecho de los asegurados a encomendar a designar abogados de libre elección. El derecho a la libre elección de abogado debe ser garantizado y la exigencia de cumplimiento de esta garantía nos llega desde la Unión Europea, tanto del Consejo General como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El esfuerzo por garantizar este derecho a los asegurados, también lo apreciamos en nuestra normativa estatal y en la jurisprudencia de los Tribunales, con recientes sentencias del Tribunal Supremo.

¿POR QUÉ ESTE DERECHO DEBE SER PROTEGIDO POR LOS PODERES PÚBLICOS Y LOS TRIBUNALES DE JUSTÍCIAS? ¿Y POR QUÉ LAS ASEGURADORAS LO VULNERAN CON TANTA FRECUENCIA?
Seamos claros. El abogado de libre elección es una piedra en el zapato para la compañía aseguradora. Y no sólo para la contraria, sino también para la compañía propia. El asegurado que cuenta con la asistencia de un abogado particular tiene a alguien que defenderá sus intereses y derechos. Y esa defensa no sólo alcanza a la contraria. Muchas veces es nuestra propia compañía quien asume determinadas prestaciones, ya sea porque así se contrató en la póliza o porque así lo disponen los convenios que tienen las compañías entre sí.

¿Y POR QUÉ MI COMPAÑÍA PAGA SI ES RESPONSABLE LA OTRA?
Nuestra compañía va a recibir un importe fijo por parte de la compañía contraria y después tendrá que indemnizarnos. En no pocas ocasiones, nuestra compañía se lucrará con ello, al pagarnos menos de lo que ha cobrado. Explico aquí un caso muy reciente. Nuestra clienta sufrió un accidente de moto en el cual resultó dañado el casco. Tras una ardua negociación conseguimos una buena oferta de la compañía contraria, pero no querían pagar nada por el casco, porque en cumplimiento del convenio, le habían pagado el módulo a la compañía propia y no iban a pagar dos veces por lo mismo. Sin embargo, la compañía propia sólo ofertaba 50€ por un casco de 420€ aprovechando que su asegurada no conservaba la factura de compra. Finalmente, pudimos conseguir una indemnización razonable.

Nuestra compañía se encargará de prestarnos la asistencia sanitaria, pero la puede rechazar por falta de intensidad, cortarnos la asistencia o denegarnos la realización de pruebas complementarias o una intervención quirúrgica. En estas situaciones, es abogado particular puede dar soluciones y revertir esta situación o al menos orientar el asunto para que esta actitud de su compañía no le acabe privando de la posibilidad de reclamar la indemnización que le corresponde.

El derecho a la libre elección de profesionales tiene límites. Es coherente que, si pagamos una prima pequeña, las coberturas no sean muy altas. Pero una cosa es la proporcionalidad entre la prima y la cobertura y otra muy distinta, que estemos pagando por una cobertura ficticia. En la práctica se están dando unas situaciones de abuso por parte muchas compañías que, ofreciendo el equivalente a un seguro de defensa jurídica, cambian su denominación privando a su asegurado del derecho a la libre elección de profesionales. De esta práctica, ya hablaremos en otro artículo.

VEAMOS LOS LÍMITES MÁS HABITUALES Y LOS QUE GENERAN MÁS PROBLEMAS:
El límite cuantitativo
¿Qué es? Un tope económico. El importe máximo que vamos a poder recuperar de nuestra compañía de defensa jurídica respecto de los honorarios del abogado particular que nos ha llevado el siniestro.
La feroz competencia comercial entre las compañías aseguradoras ha supuesto una reducción de primas, que lleva aparejada una reducción de las coberturas. El límite de la defensa jurídica ha ido disminuyendo paulatinamente y nos encontramos pólizas con límites absolutamente ridículos, como 200€ para cubrir honorarios de abogado y procurador, impuestos incluidos. En la práctica, eso es casi como no tener cobertura.

La sentencia 101/2021 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 24 de febrero , ha de marcar un antes y un después en esta cuestión, al calificar como LESIVA (y por tanto nula) una cláusula que establece “una cuantía tan reducida que por ridícula haga ilusoria la facultad atribuida de libre elección de los profesionales, equivale en la práctica a vaciar de contenido la propia cobertura que dice ofrecer la póliza. Esto es lo que ha sucedido en el caso puesto que (…) en caso de siniestro, la cuantía de 600 euros fijada en la cláusula resulta lesiva, pues impediría ejercer el derecho a la libre elección de abogado y/o procurador, al no guardar ninguna proporción con los costes de la defensa jurídica.”

A pesar de ello, estamos viendo como una y otra vez, las compañías aseguradoras oponen la validez del límite cuantitativo impidiendo así que sus asegurados recuperen los gastos reales que les ha supuesto el asunto. Además, también hemos detectado algunas conductas contrarias las buenas prácticas del sector asegurador, como intentar convencer al cliente para que no ejercite su derecho a la libre elección, informándole de que si elige al abogado de la compañía le saldrá gratis, mientras que si escoge al abogado de libre designación tendrá que pagarlo de su bolsillo o incluso han llegado a aconsejar al asegurado que no pague a su abogado hasta que la compañía verifique a posteriori la corrección de las actuaciones, generando así el conflicto y la pérdida de confianza, base de la relación entre abogado y cliente.

Muchos clientes nos están contratando para reclamar el coste real que les ha supuesto el asunto y garantizar no sólo la efectividad de su derecho a la libre elección de profesionales, sino también su derecho a la restitución íntegra.

Otros límites: los criterios colegiales
En nuestro país rige la libre competencia lo que significa que los honorarios son libres y no pueden estar sujetos a un sistema de precios del sector.

Desde el año 2010 está prohibido que los colegios profesionales establezcan baremos de precios. Únicamente y por razones de seguridad jurídica, se les permite elaborar criterios orientadores para las tasaciones de costas y las juras de cuentas.

¿Qué significa esto? Que los abogados, como todo profesional, fijan libremente sus honorarios, pero que, a la hora de tasar las costas de un proceso judicial, (los gastos que le va a tener que pagar el perdedor del pleito al ganador), los honorarios de abogado que recuperará el vencedor no serán los que haya pactado su abogado, sino que se ajustarán a los criterios que marque el colegio profesional. La diferencia hasta el importe pactado, la pagará el cliente de su bolsillo.

En el año 2018 y tras una denuncia de Bankia por las costas que había tenido que pagar a los consumidores que resultaron ganadores en los pleitos contra la banca, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sancionó a 9 colegios de abogados de distintas provincias imponiéndoles multas elevadísimas, por realizar lo que se consideró como una recomendación colectiva de precios.

Esta sanción provocó que los colegios cerraran filas y cambiaran sus criterios, haciéndolos más restrictivos y ambiguos y que no los divulgaran

¿Y ESTO QUE RELEVANVIA TIENE PARA UN SEGURO DE DEFENSA JURÍDICO?
Pues mucha, dado que uno de los límites más habituales de las pólizas de defensa jurídica, es que pagarán como máximo, lo que establezcan los criterios de los colegios de abogados. Los actuales criterios son más restrictivos y ambiguos y sólo orientan los honorarios respecto a aquellas actuaciones que podrían incluirse en una tasación de costas para determinar qué honorarios de nuestro abogado tendría que reembolsarnos el contrario.

Así pues, puede darse el caso de que nuestro abogado de libre elección haya dedicado muchas horas a nuestro asesoramiento, estudio del caso, negociaciones con la compañía contraria, trámites administrativos, gestiones con peritos, consultas, etc. y nuestra propia compañía diga que no va a reembolsarnos los honorarios por este trabajo, porque eso no está en los criterios colegiales.

Esto es una interpretación abusiva y contraria a los intereses de su asegurado, ya que la compañía es consciente de que ese trabajo ha sido realmente prestado por el abogado y ha beneficiado a su cliente. Pongamos un ejemplo. Tenemos una póliza de defensa jurídica con un límite de 1200€ que nos cubre abogado y procurador, impuestos incluidos. No cubre peritos. Nuestro abogado realiza un gran esfuerzo en la extrajudicial y asume más carga de trabajo para ahorrarnos gastos de peritos y procurador. Dedica muchas horas de trabajo al caso, la negociación es ardua, el asesoramiento extenso, pero el esfuerzo da frutos y consigue pactar una buena indemnización sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial largo y costoso para su cliente. El cliente abona unos honorarios de 1.000€ IVA incluido. La compañía de defensa jurídica analiza el caso y sostiene que como el abogado no ha puesto la demanda ni ha realizado el juicio, los honorarios deben ser 400€. Incluso por debajo del límite cuantitativo.

A la aseguradora le conviene realizar una interpretación restrictiva de la póliza respecto al concepto de criterios colegiales y ahorrarse el reembolso de unos gastos que sí tiene que pagar su asegurado. ¿Qué excusa dará? Que el abogado no aplica correctamente los criterios del colegio profesional o incluso que “su abogado le está cobrando de más”.

¿TENEMOS QUE CONFORMARNOS CON ESTAS PRÁCTICAS?
No. En CONSULT RECLAMACIONES aportamos a nuestros clientes un asesoramiento y acompañamiento integral, intentando que el trance que supone un siniestro le sea lo más llevadero posible e intentamos conseguir la indemnización más justa, lo que pasa por luchar, también para que pueda recuperar la totalidad o el máximo importe de los honorarios que ha tenido que asumir para lograr ese objetivo.